Estas medidas deben ser traspuestas a la legislación nacional de cada Estado miembro en un plazo como máximo de dos años desde su publicación. El proyecto de Directiva establece una lista mínima de prácticas comerciales desleales prohibidas:
– Periodo de pago a 30 días
– Cancelaciones de última hora de pedidos de productos perecederos
– Cambios unilaterales y retroactivos en los acuerdos (con respecto a frecuencia, tiempo o volúmenes, normas de calidad o precias)
– Exigencia de pago por mercancías que se han echado a perder por parte del comprador.
Así mismo establece también que otras prácticas comerciales están prohibidas si no están claramente contempladas en el acuerdo entre el vendedor y el comprador. También estarán sujetas a esta directiva las prácticas comerciales entre personas físicas o jurídicas productoras incluidas las organizaciones de productores y sus asociaciones, respetando la confidencialidad. Del mismo modo, la Directiva prevé también un régimen sancionador.
La propesta incluye también unas disposiciones eficaces para garantizar su aplicación: las autoridades nacionales podrán imponer sanciones en los casos que se establezca que ha habido infracción. Con estas actuaciones se pretende garantizar que los agricultores y las pequeñas y medianas empresas tengan más certidumbre y menos necesidad de gestionar los riesgos sobre los que tienen un escaso o nulo control.
El vicepresidente Jyrky Katainen, responsable de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, afirmó que en la cadena de suministro de alimentos «hay desequilibrios en el poder de negociación» y que con esta propuesta la Comisión aborda las prácticas comerciales desleales de forma directa. «Actuamos porque los comportamientos comerciales injustos perjudican la viabilidad económica de los operadores de la cadena», sentenció Katainen.
Por su parte el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan declaró que la fortaleza de cualquier cadena «es solo la de su eslabón más débil» y añadó que la cadena de suministro de alimentos solo será eficiente y eficaz si es justa. Del mismo modo, el comisario concluyó diciendo que la propuesta trata, sobre todo «de equidad, dar voz a quienes no la tienen» y que sin tener culpa «son las víctimas de una posición de negociación débil».
Aunque esta propuesta no establece ninguna obligación para la formalización de contratos, mantienen la voluntariedad tal y como establece la Organización Común de Mercados. Por su parte la Comisión de Europea en su propuesta de trabajo para el 2018 ya anunció que presentaría una propuesta legislativa antes del mes de mayo. Para Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas, FEPEX, es destacable que la Comisión se haya decidido por una propuesta de Directiva y no de Reglamento, “con lo que da una mayor libertad a los Estados miembros para su aplicación”, aseguraron. Ya que las Directivas vinculan a todo Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que hay que alcanzar, “dejando a las instancia nacionales la facultad de escoger la forma y los medios”, sentenciaron.
