La Presidencia del Consejo Europeo y los representantes del Parlamento Europeo alcanzaron ayer un acuerdo provisional para llevar a cabo una revisión específica del Reglamento (UE) 2016/2031, la Ley fitosanitaria. Esta revisión, según el comunicado del Parlamento “tiene como objetivo mejorar y racionalizar la aplicación y el cumplimiento del Reglamento”, mediante la reducción de la burocracia y la carga administrativa tanto para los operadores como para las autoridades nacionales.
Más específicamente, el reglamento revisado tiene como objetivo mejorar los procedimientos para identificar y enumerar plantas de alto riesgo, y para presentar y examinar solicitudes de exenciones temporales de las obligaciones de importación procedentes de países no pertenecientes a la UE
También propone aclarar las medidas para las plagas que califican como plagas en cuarentena y racionalizar y simplificar las obligaciones de presentación de informes gracias a una mayor digitalización
Asismismo, se ha propuesto la creación de un equipo de emergencia fitosanitaria de la Unión que estaría formado por expertos designados por la Comisión, sobre la base de propuestas de los Estados miembros. Estos expertos tendrían diferentes especialidades en el campo de la sanidad vegetal y podrían ayudar en caso de nuevos brotes de plagas en la UE. Además, podrían proporcionar a terceros países fronterizos asistencia y experiencia urgentes en caso de brotes que pudieran afectar a la UE, si así lo solicitan uno o más Estados miembros.
Excepciones para el pasaporte fitosanitario
Además, el texto acordado provisionalmente señala que la Comisión podría decidir mediante actos de ejecución qué plantas, productos vegetales u otros objetos pueden viajar sin un pasaporte fitosanitario físicamente adjunto debido, por ejemplo, a su tamaño o a su forma, que haría imposible o muy complicada su fijación. Estas plantas o productos vegetales tendrían asociado el pasaporte fitosanitario de una forma distinta a la de un vínculo físico.
El acuerdo provisional ahora tendrá que ser respaldado por el Consejo y el Parlamento. Luego será adoptado formalmente por ambas instituciones tras una revisión jurídico-lingüística.
