El Gobierno aprobó el pasado miércoles el Real Decreto 629/2022 por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Según se plantea en el texto legal, el objetivo de esta reforma viene referido «a la necesidad de dar respuesta a los desajustes del mercado laboral derivados de la escasez de mano de obra desde el ámbito migratorio y adecuar el marco de las autorizaciones de trabajo al nuevo sistema de contratación previsto en la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno».
Las reacciones no se han hecho esperar, y desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera “insuficiente y pobre” esta normativa, porque, en palabras de en Andrés Góngora, miembro de la Ejecutiva Estatal y Responsable de Frutas y Hortalizas de la organización, el Real Decreto “es un eufemismo en sí mismo. En él solo se abordan cuestiones menores y se deja de lado los verdaderos problemas del trabajador inmigrante. Solo refleja modificaciones pequeñas que además no resuelven la necesaria adaptación a la reforma laboral”.
“Resulta urgente la agilización de estos trámites pues la discordancia generada en la actualidad entre la reforma laboral y la ley de extranjería pone en una situación muy difícil al sector agrario -indica Góngora- La reforma de la Ley de Extranjería es urgente pero su tramitación no puede hacerse a espaldas del sector agrario. Resulta prioritario establecer una Mesa de Negociación Específica para agricultura y ganadería, siendo éstas algunas de las áreas de mayor absorción de trabajadores inmigrantes”, concluye el representante de COAG.
