Reacciones en el sector y en los patidos políticos al acuerdo sobre la reforma de la PAC

  A continuación reproducimos, íntegros, las primeras reacciones:

 

COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS

El compromiso alcanzado en Luxemburgo por el Consejo de Ministros sobre la reforma de la PAC, a falta de conocer en profundidad los detalles de la decisión del trílogo y de la ratificación del Parlamento Europeo, se centró en corregir la propuesta de Ciolos sobre los pagos directos y no tanto en mejorar los instrumentos de gestión de mercado y el reequilibrio de la cadena agroalimentaria.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España valoramos positivamente que la aplicación del nuevo sistema de pagos directos se haya flexibilizado, muy especialmente en la aplicación de la convergencia interna, mecanismo que obligaba a igualar los pagos directos por hectárea percibidos por los agricultores. En España, por su gran diversidad productiva, no se justificaba ni económicamente ni socialmente el establecimiento de la denominada tasa plana. No obstante, todavía queda pendiente la discusión entre Administración central y CCAA para acordar las modalidades de aplicación del nuevo sistema de pagos directos y conocer el impacto final que tendrá en el actual nivel de pagos.

En cuanto a la política de desarrollo rural, se ha conseguido que pueda coexistir un plan nacional junto con los planes de desarrollo rural autonómicos. Esta posibilidad será clave para el desarrollo de la Ley de Integración Cooperativa impulsada por el Gobierno, actualmente en trámite parlamentario, que pretende apoyar proyectos comunes llevados a cabo por cooperativas de ámbito supra-autonómico.

Valoramos positivamente la extensión de las OPs a todos los sectores, por el contrario, las negociaciones sobre la OCM única no han servido para mejorar unas propuestas de la Comisión totalmente insuficientes en la gestión de los mercados e incoherentes con los objetivos de reequilibrar la cadena de valor. Una mayoría en el Consejo, liderado por los países del Norte de la UE, ha bloqueado la propuesta del Parlamento y del sector cooperativo para habilitar un instrumento que permita a las asociaciones de OPs o Interprofesionales retirar producto del mercado de manera preventiva. Esta retirada queda condicionada a la autorización de la Comisión y a la utilización de todos los instrumentos públicos con los que cuenta el sector, pero tiene como aspecto positivo que queda salvaguardada del derecho de Competencia.

Cooperativas Agro-alimentarias destaca la labor negociadora del Parlamento Europeo, que ha mejorado las propuestas de la Comisión, y el papel del Ministerio, que en estas negociaciones le ha tocado liderar la postura de los países del sur frente a la gran presión que han ejercido los del norte.

ASAJA

Tras los resultados del acuerdo del Consejo Agrícola de la UE de la pasada noche y a la espera de las decisiones de las reuniones trilaterales entre Consejo, Parlamento Europeo y Comisión que deberían desembocar en un acuerdo político sobre la Reforma de la PAC, ASAJA considera que se han cumplido las expectativas de la delegación española y cree de justicia felicitar a nuestros representantes ministeriales por el trabajo realizado ante las distintas instituciones comunitarias y sus alianzas con otros países defensores de la PAC.

La posibilidad de poner un límite a las superficies con derecho a pagos agrícolas y ganaderos, así como garantizarse una flexibilidad suficiente a la hora de establecer un plan de regionalización que permitiera diferenciar entre las distintas zonas y métodos de producción para evitar desequilibrios e injusticias entre territorios, cultivos y explotaciones, han sido prioridades para España que se han visto satisfechas en este Consejo Agricola, alejando la propuesta inicial de "tasa plana" de la Comisión que sería enormemente lesiva para los agricultores y ganaderos españoles.

La combinación de estas dos medidas evita la dilución de las ayudas y el impacto tan negativo que tenía la propuesta inicial sobre el territorio y sobre los sistemas productivos, muy especialmente sobre aquellos sobre los que se sustenta la actividad agraria y que son los que generan más empleo, más movimiento económico y mayor dinamismo en el mundo rural.

ASAJA se ha manifestado desde el principio contraria a la introducción de mayores exigencias medioambientales en relación con los pagos directos, por no tener en consideración los esfuerzos ya realizados por los profesionales agrarios y suponer mayores costes de producción y reducción de la capacidad productiva de las explotaciones, precisamente lo contrario de lo que predican las instituciones y foros internacionales para afrontar los retos alimentarios del siglo XXI.

No obstante, este apartado estaba directamente relacionado, no con la reforma de la PAC, sino con el marco presupuestario aprobado en febrero de 2013 y pendiente de ratificación por el Parlamento Europeo. El Acuerdo del Consejo Agrícola permite flexibilizar las condiciones inicialmente propuestas por la comisión posibilitando un nivel de adaptación razonable a las nuevas exigencias.

En materia de desarrollo rural también se han conseguido mejoras sustanciales respecto a las propuestas de la Comisión. La compatibilidad de programas regionales con un programa nacional de desarrollo rural dará coherencia y máxima cobertura a actuaciones prioritarias en el Segundo pilar. Las inversiones en regadío, esenciales para España, consiguen apostar por la eficiencia, además de por el ahorro. Por otra parte, se ha podido obtener una solución para las regiones que podrían verse muy comprometidas en la cofinanciación como consecuencia de su paso a regiones en transición.

En cuanto a los mecanismos de gestión de mercado, donde los debates han sido sumamente tensos e intensos, se han podido introducir algunas mejoras sobre las propuestas de la Comisión, respaldadas por los países más liberales, en cuestiones como la actualización de precios de referencia para la intervención y el almacenamiento privado o la prorroga de algunos sistema en sectores importantes para España.

Lamentamos que no se haya podido ir mas lejos, especialmente en cuanto al sector lácteo, que verá desaparecer las cuotas en 2015, o un mayor periodo de vigencia para el régimen de cuotas y precios del azúcar y la remolacha o el mantenimiento de los derechos de plantación hasta 2030, como proponía el Parlamento Europeo.

En definitiva, y a la espera de que el Parlamento Europeo ratifique el Acuerdo de la Cumbre de Jefes de Estado de febrero de este año, sobre el Marco Financiero de la UE para el periodo 2014-2020, y la distribución definitiva de los Fondos Agrícolas entre países, podemos considerar que esta fase trascendental de las negociaciones se ha cerrado satisfactoriamente para los intereses agrarios de España.

A partir de ahora habrá que adoptar a nivel nacional muchas decisiones importantes para ofrecer a los agricultores un marco legislativo simple y a largo plazo que les permita afrontar con garantías los retos que se presentan para nuestra agricultura.

Será por tanto, necesario un nuevo ejercicio de negociación, esta vez con los representantes de las CC.AA. para lograr una implementación nacional de la PAC que evite distorsiones innecesarias entre agricultores y sectores.

COAG

El secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Blanco, ha hecho  un "balance negativo" de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), porque será "muy lesiva" para los "intereses de los profesionales del campo español".
Blanco ha declarado que la reforma acordada por las instituciones de la Unión Europea (UE) "no se justifica" desde el punto de vista del profesional de la agricultura, porque le deja en una situación peor que en la revisión anterior de la PAC.

Según COAG, el presupuesto para la PAC se va a reducir un 12 % y en 2014 ya se va a aplicar una "disciplina financiera" que implicará una rebaja del 5% de fondos.
Blanco ha criticado que se "desmantelen" medidas de intervención, se supriman las cuotas lácteas y que a partir de 2017 desaparezca el régimen de cupos que regulan la producción azucarera, porque a su juicio si se acaban "el sector remolachero no se va a mantener".
COAG ha rechazado, también, que la UE no haya logrado una definición de "agricultor activo", algo que corresponderá al Gobierno y a las Comunidades Autónomas.

En este sentido, Blanco ha señalado que en España hay 900.000 perceptores de ayudas agrícolas y 340.000 cotizantes, ante lo que ha mostrado su desacuerdo, porque "diluye" el objetivo de esos apoyos y no propicia un modelo "sostenible".
Ha lamentado que la UE "se haya cargado" la propuesta que hizo la Comisión Europea (CE) para reducir o modular las ayudas que perciben los grandes beneficiarios; según el acuerdo, habrá modulación para los productores que obtengan más de 150.000 euros en apoyos y con deducciones más limitadas que las previstas inicialmente.

El responsable de COAG ha cuestionado los argumentos del Gobierno por los que la negociación ha sido un éxito, porque ha habido "avances" respecto a las propuestas iniciales de Bruselas, pero a juicio de Blanco "no han mejorado las cosas".

No obstante, ha valorado que la UE haya sido más flexible al acordar la convergencia o igualación de ayudas entre los agricultores de todos los países, pues el proyecto inicial de "tasa plana era desastroso", si bien habrá que esperar a la distribución entre comunidades autónomas.

Sin embargo, según Blanco, se continuarán concediendo las ayudas por hectárea y la ganadería sin suelo "se queda sin apoyos" y será "la gran perdedora".
"En esencia, todo sigue igual, las ayudas indiscriminadas injustamente repartidas", ha añadido.

Ha admitido que los apoyos a los jóvenes son positivos, pero ha advertido de que es "fácil disparar con pólvora de rey", porque salen de otras partidas presupuestarias previstas para los agricultores, puesto que no han aumentado las ayudas.

En cuanto a las exigencias ecológicas impuestas por la UE para el cobro de una parte de las ayudas, ha argumentado que son "un mero escaparate" para tratar de justificar algo que "ya es legítimo", como las ayudas a los agricultores.

UPA

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Lorenzo Ramos, ha manifestado que "aún queda mucho por resolver" en España entre el Gobierno y las comunidades autónomas sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC).

Ramos ha reaccionado así, en declaraciones a la prensa, al acuerdo alcanzado por las instituciones de la Unión Europea (UE) para la reforma agrícola, que se aplicará en los próximos siete años.

El responsable de UPA ha admitido que en el resultado de las negociaciones de la PAC ha habido "avances importantes respecto a las propuestas iniciales, en cuestiones como el reparto de las ayudas, pero "aún hay que leer la letra pequeña".

Sin embargo, ha apuntado que en esta reforma "se ha perdido una oportunidad" para establecer mecanismos que estabilicen los mercados y permitan al agricultor obtener mejores remuneraciones por sus productos.

Dentro de los avances, ha subrayado que el acuerdo final sobre "convergencia" de las ayudas plantea menos problemas que los proyectos iniciales, que "hubieran tirado por tierra a profesionales"

En concreto, ha valorado que la reforma establezca que a la hora de igualar los apoyos ningún agricultor pierda más del 30 % del pago que recibe en la actualidad.

Sin embargo, ha apuntado que la nueva PAC permitirá a España plantear una regionalización con 40 zonas diferentes, en la distribución de las ayudas, y habrá que ver cómo se efectúa ese reparto.

En cuanto al pago por hectárea, Ramos ha opinado que deberían entrar en ese régimen sectores que dan empleo, como las frutas y hortalizas, y que ahora se quedan fuera, en lugar de explotaciones que ahora tienen derecho a ayuda y no tienen actividad.

"Debemos estar vigilantes para que el presupuesto vaya a quienes lo necesiten", según Ramos.

Ha considerado que el Gobierno "vende como un éxito la reforma de golpe y porrazo, pero aún queda mucho por definir".

COPA-COGECA

El Copa-Cogeca se complace de que los responsables de las negociaciones entre la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento hayan logrado un acuerdo preliminar sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC). Se pondrá así fin a la incertidumbre en la que están sumidos los agricultores de la UE, que podrán proseguir con sus importantes planes de inversión. "Sin embargo, ante los retos crecientes, como el aumento de la demanda alimentaria, que debería incrementarse en un 70% de aquí a 2050, lamentamos que no se haya hecho más por reforzar el papel económico de los agricultores y las cooperativas agrícolas en tanto que productores de alimentos de calidad", han declarado los Presidentes del Copa y de la Cogeca.

El Presidente del Copa, Gerd Sonnleitner, ha subrayado los puntos clave y ha declarado: "Conforme al acuerdo alcanzado, las ayudas se destinarán a los agricultores activos y las medidas para seguir ecologizando la PAC serán más prácticas y flexibles y, por ende, más beneficiosas para el medio ambiente y, a la par, para garantizar el suministro alimentario. Con la nueva PAC, se autoriza que las medidas que formen parte de un programa agroambiental o de un sistema de certificación medioambiental nacional o regional sean consideradas equivalentes a las medidas de ecologización. Este paso está bien encaminado. Hemos presionado mucho durante cuatro años en este sentido. En cuanto a la política europea de desarrollo rural, el fondo del acuerdo resulta muy satisfactorio. Se ha puesto un mayor énfasis en la viabilidad de las explotaciones y la innovación, así como en la gestión sostenible de los bosques. Sin embargo, lamento sinceramente que la competitividad del sector silvícola de la UE se haya quedado fuera de las prioridades".

"Por fortuna, se prorrogarán momentáneamente las cuotas de la UE para la producción de azúcar; aunque no por tiempo suficiente. De esta manera, los productores dispondrán de algo de tiempo para adaptarse y para garantizar la estabilidad del mercado azucarero. Se mantendrá asimismo el crecimiento y el empleo en nuestras zonas rurales. El sector agroalimentario de la Unión proporciona 26 millones de puestos de trabajo, en su mayoría en las zonas rurales, por lo que constituye un motor fundamental de sus economías que, además, revierte en otros sectores. Esto es crucial ante el contexto económico actual", ha añadido.

"Sin embargo, algunos elementos del acuerdo son contrarios a los objetivos de la PAC. En particular, nos oponemos a cualquier transvase de fondos del primer al segundo pilar de la PAC. El primer pilar de la PAC será más importante que nunca para que la UE pueda garantizar un suministro alimentario seguro, estable y sostenible", ha advertido.

Por su parte, el Presidente de la Cogeca, Christian Pees, ha considerado como un avance positivo la idea de reforzar las organizaciones de productores. Con el acuerdo, se ampliará la gama de productos que puedan optar al reconocimiento de una OP, incluyendo a los cereales y al vacuno - de esta manera la posición de los agricultores en la cadena alimentaria sale reforzada y éstos podrán obtener una mejor compensación del mercado. Los últimos informes de la Comisión Europea demuestran que las organizaciones de productores, como lo son las cooperativas, tienen la capacidad de ayudar a los agricultores a obtener un mejor precio por sus productos".

"Ahora bien, en algunas regiones de la UE, los agricultores deberán hacer frente a recortes de más del 30% en sus ayudas; por lo que lamento de veras que la Unión haya desaprovechado la oportunidad de reforzar la posición económica de los agricultores, para que puedan estar a la altura de los desafíos futuros. Me decepciona también el que no se haya hecho un mayor esfuerzo para garantizar el crecimiento ecológico: es decir, medidas que a la vez que benefician al medio ambiente, mantienen la capacidad productiva, la eficiencia de los recursos y el empleo. Igualmente, se necesitan medidas de gestión del mercado que permitan reducir la extrema volatilidad de los mercados agrícolas. Eso sí, deben evitarse las distorsiones de competencia en el seno del mercado único y de la PAC", ha señalado.

No obstante, el Sr. Pees ha expresado su satisfacción con el nuevo sistema normativo europeo para el sector vitivinícola. Se trata de una evolución positiva por comparación a la decisión política adoptada en 2008, que pretendía poner fin al sistema actual de derechos de plantación; sistema que ha funcionado bien, puesto que ha sido capaz de asegurar la gran calidad y la amplia diversidad de los vinos europeos.

Se espera que la nueva PAC, una vez aprobada formalmente por el Parlamento Europeo en septiembre, se aplique íntegramente a partir de 2015; tras la fase transitoria de 2014. Puesto que todo se esconde en la letra pequeña, el Copa-Cogeca mantendrá una estrecha vigilancia para garantizar que las disposiciones de aplicación de la PAC no se traduzcan en una carga para el agricultor, por causa de los trámites burocráticos.

Finalmente, ambos Presidentes instan a las instituciones de la UE a cerrar un acuerdo sobre las perspectivas a largo plazo de la UE 2004-2020, subrayando que es preciso apuntalar la nueva PAC con presupuesto adecuado que permita garantizar la existencia de un sector agroalimentario viable en los próximos años

COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE CASTILLA-LA MANCHA

A falta de conocer en profundidad los detalles del acuerdo alcanzado por el Consejo y de la ratificación del Parlamento Europeo, Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha entiende que los esfuerzos se han centrado en modificar la propuesta de Ciolos sobre los pagos directos, y no tanto en mejorar los instrumentos de gestión de mercado y el reequilibrio de la cadena agroalimentaria. No hay que olvidar que el 70% de la renta de los agricultores proviene de la comercialización de sus productos en el mercado.

En pagos directos, el sistema de convergencia interna que proponía el comisario de agricultura (consistía en una tasa plana en 2019), se ha convertido en un sistema de reparto distinto al actual, pero con parecidos resultados. Es decir, vamos recorrer un difícil camino administrativo para llegar a una administración de dinero público muy parecida a la actual.

Asimismo, se ha perdido la oportunidad de nivelar las ayudas de regiones como Castilla-La Mancha (216 euros/hectárea de ayuda media), que no llega al 75% del pago medio por hectárea español (285 euros/hectárea de ayuda media). No obstante sigue habiendo grandes incógnitas por despejar y, en lo que concierne a pagos directos, nadie sabrá a ciencia cierta las ayudas que percibirá hasta pasado octubre de 2015. También quedan pendientes la multitud de decisiones que se tienen que tomar desde el Ministerio y desde las comunidades autónomas.

Se consolida la posibilidad de limitar la superficie admisible para nuevos derechos de pago en España en la reforma a 22,4 millones de hectáreas. El sector cooperativo regional, y en especial el del vino y las frutas y hortalizas, espera que en la concreción del acuerdo estos dos sectores puedan ser superficies generadoras de los derechos en el sistema de regionalización que prevé acordar el ministerio con las comunidades autónomas.

En cuanto a la política de desarrollo rural, se ha conseguido que pueda coexistir un plan nacional junto con los planes de desarrollo rural autonómicos. Esta posibilidad será clave para el desarrollo de la Ley de Integración Cooperativa impulsada por el Gobierno, actualmente en trámite parlamentario, que pretende apoyar proyectos comunes llevados a cabo por cooperativas de ámbito supra-autonómico.

Valoramos positivamente la extensión de las Organizaciones de Productores a todos los sectores, por el contrario, las negociaciones sobre la OCM única no han servido para mejorar unas propuestas de la Comisión totalmente insuficientes en la gestión de los mercados e incoherentes con los objetivos de reequilibrar la cadena de valor.

Cooperativas Agro-alimentarias destaca el importante esfuerzo que aún queda por hacer en la instrumentación de esta compleja reforma en nuestro país y comunidad autónoma, y recuerda a los agricultores socios de cooperativas que en el primer año de aplicación de los nuevos pagos - la PAC 2015 - confíen en el personal técnico de sus cooperativas, tanto en la explicación y comunicación de las nuevas condiciones, como en la tramitación de sus ayudas, pues la complejidad de las normas comunitarias requieren de un servicio cada vez más profesional y permanente al productor.

LA UNIÓ

LA UNIÓ de Llauradors señala que la nueva reforma de la PAC 2014-2020; acordada hoy por el Consejo de Ministros, votada por la Comisión Europea y a falta de la ratificación del Parlamento Europeo, mantiene prácticamente el nivel de apoyo actual y permite a la mayor parte de cultivos del campo valenciano acceder a las ayudas, incluidos los cítricos.

Pese a las dudas generadas, y tal y como ha venido diciendo LA UNIÓ, los cultivos permanentes cumplen los requisitos del componente verde (greening) al ser sumideros de CO2 y por tanto recibirán esa parte de ayuda. Esto beneficiará a los cítricos, olivar, viña y frutales; así como a cultivos bajo agua como el caso del arroz. Se destierra finalmente el debate sobre la tarifa plana que hubiera implicado una ayuda igual por hectárea que para todos los productores, independientemente de su cultivo. Permite así definir comarcas con importes homogéneos por tipo de superficies.

Resulta importante que la ayuda a los agricultores jóvenes sea obligatoria y que no sean cofinanciadas, lo que permitirá la agilidad en el cobro al contrario de lo que sucede ahora por los retrasos de la Conselleria de Agricultura en abonar su parte.

La modulación sólo se aplicará a los productores que reciban más de 150.000 euros. A falta de confirmar los porcentajes posibilitará que los agricultores profesionales no tengan reducción de ayudas por recibir más de 5.000 euros como es el caso de los arroceros. Se considera como agricultor activo aquel que no está en una lista negativa formada según el nuevo texto de reforma por aeropuertos, servicios ferroviarios, obras hidráulicas, servicios inmobiliarios y zonas recreativas como los campos de golf; a su vez deja en manos de los Estados miembros ampliar la misma con mayores restricciones.

En desarrollo rural se financian las inversiones que garanticen un ahorro de al menos el 5%, lo que beneficia a balsas de riego, mejora de la eficiencia energética, utilización de aguas regeneradas y nuevos regadíos en determinadas condiciones. Puede ser un aspecto positivo siempre y cuando no se incrementen los nuevos regadíos y a la espera de conocer las condiciones para crearlos. Se destinará un 30% del presupuesto asignado a medidas forestales, a la directiva marco del agua, zonas de Natura 2000, biodiversidad y zonas con limitaciones naturales. Se permite la coexistencia entre programas estatales y regionales, que supondrá por ejemplo establecer unas ayudas agroambientales en la Comunitat Valenciana a la medida de nuestras necesidades.

En el desarrollo rural se incrementa el porcentaje de cofinanciación para determinadas comunidades autónomas hasta el 85% como Andalucía, Extremadura, Galicia y Castilla La Mancha y hasta el 63% en Murcia. No se nombra a la Comunitat Valenciana que está en alrededor del 50%, lo que nos sitúa en una situación de desventaja y más con los problemas de financiación que aquí sufrimos. 

Para el vino se darán autorizaciones de plantación hasta el año 2030 y los derechos actuales mantendrán su efectividad durante un periodo transitorio de cinco años hasta el 2020. Este aspecto podría ser perjudicial para el sector porque permite un incremento progresivo de las nuevas plantaciones en detrimento de aquellos que tienen derechos de plantación y pagaron por ellos. Se puede dar la paradoja que viticultores que se acogieron a ayudas por arrancar la viña ahora puedan volver a plantar viñas. Las actuales medidas de promoción del vino que están limitadas a países terceros, a partir de la nueva reforma se podrán realizar de forma positiva a nuestro juicio también para los mercados de la Unión Europea, principal destino de nuestros vinos.

En el aceite de oliva se han introducido precios -no estipulados- que desencadenan el almacenamiento privado con la posibilidad de revisarlos en función de la producción, mercado y teniendo en cuenta los costes de producción.

Para las frutas y hortalizas se mejora -aunque no se especifica- el régimen de precios de entrada de productos de países terceros, pero no se dice absolutamente nada sobre las exigencias fitosanitarias de estos productos para ponerlas al mismo nivel que las que cumplimos en la UE. 

Los aspectos más negativos de la reforma se encuentran a juicio de LA UNIÓ en las medidas de mercado y en la ganadería. La actualización de los precios de referencia, el reforzamiento de los mecanismos de intervención públicos y privados y la extensión de estos mecanismos a otros sectores con graves dificultades de mercado quedan por tanto pendientes. Los mecanismos de mercado y la potenciación del papel del agricultor frente a los intermediarios y a la gran distribución son los grandes olvidados de la reforma y apenas se mencionan de forma ambigua, pero en ningún momento adopta medidas para limitar el poder de la gran distribución en las negociaciones de la cadena alimentaria.

Por lo que se refiere a la ganadería no se menciona a los ganaderos extensivos (ovino-caprino-bovino) que se quedarían sin hectáreas elegibles y que en principio no tendrían derecho a ayudas, lo que supondría su práctica desaparición pese al importante papel que desempeñan en las zonas de interior.

El presupuesto para el Estado español durante el nuevo periodo 2014-2020 será de unos 35.700 millones de euros para ayudas directas, 8.300 millones de euros para Desarrollo Rural y 3.000 millones de euros para medidas de mercado. Estas cifras son muy similares a las que ya veníamos percibiendo hasta ahora, con una ligera reducción. Se queda la superficie elegible en los 22,4 millones de hectáreas declaradas en 2011, tal y como reclamaba el sector agrario español.

LA ALIANZA UPA-COAG DE CASTILLA Y LEÓN

El Consejo, el Parlamento y la Comisión de la Unión Europea (UE) han logrado esta mañana un principio de acuerdo sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que se aplicará en los próximos siete años (2014-2020).

En una primera valoración calificamos como muy negativa la reforma aprobada puesto que penaliza a los profesionales del sector, y al modelo social y profesional de agricultura y ganadería que es estratégico en nuestra comunidad autónoma.

Además de reducirse el presupuesto para la PAC y por lo tanto los fondos que llegarán a los estados miembros, se establece un nuevo sistema de pagos que favorece a los que más hectáreas tienen y no a los que producen, y se aumentan las obligaciones para el cobro de las ayudas aplicando un falso 'verdeo´ de la PAC.

Otro aspecto que no compartimos es que se elimina el tope de ayudas por explotación para los grandes perceptores, favoreciendo una vez más a los que más cobran.

A expensas de conocer detalladamente los pormenores de dicho acuerdo, hay algunos sectores productivos importantes en la región como el vacuno de leche o el remolachero que salen muy perjudicados por la desaparición en los próximos años del sistema de cupos y cuotas que los regulan.

La nueva reforma también deja 'tocada´ a la ganadería que no tiene base territorial como es la de Castilla y León, y por lo tanto que no tiene hectáreas para activar las nuevas ayudas de la PAC. Lejos de tener un tratamiento específico y preferencial la actividad ganadera vuelve a salir perjudicada.

Por otro lado la convergencia aprobada es excesiva puesto que se podrá desviar el 30 %  de las ayudas de los agricultores y ganaderos profesionales, y por lo tanto los que genera actividad, empleo y riqueza, hacia hectáreas no productivas.

Respecto a los pagos acoplados, LA ALIANZA UPA-COAG siempre se ha posicionado a favor de que los estados miembros tuvieran máxima capacidad para reservar un porcentaje de fondos a favor de los sectores más desprotegidos.

Planteamientos de ayudas similares en un alto porcentaje para todos los sectores, con distintas rentabilidades y costes de producción, pueden ser positivos en países centroeuropeos pero en nuestro país, y también en Castilla y León, es sencillamente injusto y antisocial.

Además consideramos que la reducción presupuestaria va a traer consigo una pérdida de competitividad, que sin duda afectará a  los profesionales del sector agrario de nuestro país.

LA ALIANZA UPA-COAG apunta que lejos de despejarse las incertidumbres, el acuerdo de esta mañana supone un serio perjuicio para los verdaderos profesionales ATP, puesto que es injustificable que se impulse políticamente quitar fondos a sectores competitivos para dárselos a hectáreas improductivas. 

También esta primera valoración que realizamos no es nada positiva en materia de regulación de mercados, puesto que no se recogen medidas suficientes para actuar en situaciones extremas de crisis de precios.

LA ALIANZA UPA-COAG pide que la opción que Consejo, Parlamento y Comisión Europea han dejado a los estados miembros para actuar dentro de su territorio, permita ahora que el Magrama corrija estos perjuicios hacia los verdaderos profesionales, escuche las reivindicaciones de nuestra organización agraria, excluya de cualquier tipo de ayudas a campos de golf, inmobiliarias y otros perceptores ajenos a la agricultura y ganadería profesional, y priorice las políticas nacionales sobre los agricultores y ganaderos a  título principal.    

ASAJA CASTILLA Y LEÓN

Los acuerdos políticos sobre la reforma de la PAC que están en estos momentos llegando de Bruselas, en los que interviene la Comisión, el Consejo y el Parlamento, "entran dentro de lo que estaba previsto y son un mal menor", según una primera valoración de ASAJA de Castilla y León. Lo más positivo de lo conocido hasta el momento es que se abre un horizonte hasta el año 2020, periodo en el que el campo de Castilla y León va a disponer de unos recursos financieros importantes -aunque menores que en etapas anteriores-, para compensar parte de lo que no remuneran los mercados, así como unas ayudas para la modernización de las explotaciones y para el fomento del relevo generacional en el campo. ASAJA considera que con esta nueva PAC se garantiza la continuidad de la agricultura y la ganadería de Castilla y León a lo largo de esta década, con un tamaño similar al actual, lo que será decisivo para tirar de la economía y el desarrollo del medio rural mientras se remonta la situación de crisis general.

ASAJA de Castilla y León valora positivamente que en la medida de convergencia interior se limite a un 30 por ciento la reducción máxima que pueda sufrir un agricultor en sus ayudas, como valora positivamente la flexibilidad que se ha introducido para la puesta en marcha del conocido como "pago verde". Respecto a los pagos acoplados, ASAJA considera que se debería de haber reservado para ellos un porcentaje mayor de fondos, ya que son el único instrumento que admite la nueva PAC para salir en auxilio de las producciones ganaderas y también de los cultivos más desprotegidos por las condiciones de los mercados, entre otros la remolacha o las legumbres.

Para ASAJA de Castilla y León, "la cobardía de las instituciones europeas a la hora de definir la figura de agricultor activo genera un problema en comunidades como ésta, donde una parte muy importante de los fondos agrarios se van a manos de gente que no es profesional del campo". ASAJA espera que se pueda profundizar en esta cuestión, por parte de la Junta y del ministerio de Agricultura, para que la mayor parte de las ayudas de la PAC lleguen a las explotaciones de quienes de verdad viven del campo, de quienes cotizan a la Seguridad Social como agricultores o ganaderos.

La supresión de los cupos lecheros, el desamparo en el que quedan las diferentes producciones ganaderas, la permanencia de las cuotas remolacheras únicamente hasta el 2017, los nulos apoyos a las políticas de mercados, el tímido apoyo a los jóvenes y la escasa profundización en políticas para afrontar crisis, centran las principales carencias de esta nueva PAC.

Más que nunca, esta nueva Política Agrícola Común "deja amplio margen a las autoridades nacionales para su puesta en marcha, por lo que ahora se abre un periodo en el que se debe de tener en cuenta la opinión de las organizaciones agrarias y en el que debe de haber voluntad de consenso entre el Ministerio y las comunidades autónomas". Todo ello a la espera de que Bruselas publique los reglamentos de desarrollo de los acuerdos políticos, donde con frecuencia se suelen encontrar sorpresas, tal como advierte ASAJA.

UAGR

A falta de un análisis pormenorizado cuando se conozcan sus detalles, la UAGR considera que la reforma de la PAC acordada será muy lesiva para los profesionales del campo, y especialmente negativa para el modelo social y profesional de agricultura y ganadería, estratégicos para La Rioja. Además, este acuerdo supone el fin de los derechos de plantación de viñedo, con una grave pérdida para el patrimonio de los viticultores riojanos, así como el fin de las cuotas láctea y de azúcar.

En un resumen de urgencia, la UAGR detalla los aspectos más negativos de la reforma:

‐ Se reduce el presupuesto comunitario para la PAC y por tanto las ayudas.

‐ Se desmantelan las medidas de regulación de mercado y el principio de preferencia comunitaria, eliminando cuotas de producción y derechos de plantación.

‐ Se desaprovecha la ocasión para defender al agricultor activo como principal destinatario de las ayudas, al ser el verdadero profesional de la agricultura, generador de empleo y desarrollo en el medio rural.

‐ Se establece un nuevo sistema de pagos que favorece a los que más hectáreas tienen y no a los que producen.

‐ Con menos presupuesto, se aumentan las obligaciones para el cobro de las ayudas aplicando un falso "verdeo" de la PAC.

‐ Se reducen las ayudas por hectárea y por activo, por efecto de la reducción presupuestaria y el sistema de capas.

‐ Se elimina el tope de ayudas por explotación para los grandes perceptores, favoreciendo una vez más a los que más cobran.

‐ Se corre el riesgo de desmantelamiento de un sector, el agrario, estratégico para nuestra economía, toda vez que es la base de nuestra producción alimentaria y que genera empleo y otros bienes públicos (gestión del territorio, medio ambiente, etc.) en el medio rural, que atraviesa a su vez una grave crisis de envejecimiento y despoblación.

‐ En definitiva un agricultor español seguirá recibiendo un 69% menos de ayudas PAC que un francés, un alemán o un británico.

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