La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública sobre su futuro plan de acción sobre agricultura ecológica. Aseguran que se quiere garantizar que el sector de la agricultura ecológica disponga de los instrumentos “adecuados y de un marco legal consensuado y eficiente, claves para lograr el objetivo de destinar un 25 % de las tierras agrícolas a la agricultura ecológica”. Aunque la nueva normativa en materia de agricultura ecológica, señalan, “proporciona una base sólida”, es “preciso que la legislación secundaria aún por adoptar tenga el mismo grado de resiliencia”. Además, en esta línea, a petición de los Estados miembros, del Parlamento Europeo, de terceros países y de otras partes interesadas, la Comisión también ha propuesto aplazar un año la entrada en vigor de la nueva legislación sobre producción ecológica, del 1 de enero de 2021 al 1 de enero de 2022. Esta iniciativa ha sido bien acogida por IFOAM Organics Europe y la Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE).
La consulta pública tiene como objetivo recabar las opiniones de los ciudadanos, las autoridades nacionales y las partes interesadas sobre este plan. El cuestionario estará disponible de forma onlie durante un período de 12 semanas.
Desde la Comisión afirman que la nueva normativa está concebida para garantizar una “competencia leal a los agricultores, prevenir el fraude y conservar la confianza de los consumidores”. Para asegurar el paso expedito de la legislación actual a la futura y para permitir que la industria y los Estados miembros estén totalmente preparados para aplicar la nueva normativa, la Comisión ha propuesto aplazar un año su entrada en vigor. La petición de aplazamiento surgió en primer lugar de algunos Estados miembros, el Parlamento Europeo, terceros países y otras partes interesadas, “debido a la complejidad e importancia del Derecho derivado en preparación”, señalan las mismas fuentes. La crisis del coronavirus ha ralentizado el trabajo de preparación del Derecho derivado. Este aplazamiento da margen suficiente para llevar a cabo las amplias consultas y el control legislativo necesarios.
