Plataforma Profesional. Portal Web y Directorio Impreso de Empresas, Productos y Servicios de Horticultura, Bricojardinería y su Industria Auxiliar.
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La Guardia Civil ha intervenido, en el marco de la operación conjunta con Europol, Silver Axe IV, 63 toneladas de productos fitosanitarios agrícolas que infringían la normativa europea, que son tan perjudiciales para el medio ambiente como para la salud del consumidor.
Tras realizar 564 denuncias y 1.122 inspecciones por diferentes incumplimientos relacionados con la normativa de sanidad vegetal en aeropuertos, puertos, recintos aduaneros, explotaciones agrarias, instalaciones comerciales y otras afines al sector hortofrutícola y agrario.
La operación se ha llevado a cabo por agentes pertenecientes al Servicio Fiscal de la Guardia Civil y al SEPRONA, que han contado con la colaboración de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca.
Esta operación, que se desarrolla anualmente y es coordinada por Europol, trata de combatir la fabricación, el comercio y el uso irregular de medios de defensa fitosanitaria en el sector agrícola y hortofrutícola europeo.
El uso de productos biocidas y fitosanitarios prohibidos como cebo envenenado conllevó la detención e investigación de cuatro personas en las provincias de Huesca (1), Zamora (1), y Valencia (2) por el uso ilegal de productos fitosanitarios prohibidos en el medio natural y un supuesto delito contra la flora, fauna y animales domésticos.
El uso de determinados compuestos para controlar las plagas que destruyen las cosechas es una práctica tradicional en la agricultura, que evoluciona hasta el desarrollo de plaguicidas químicos cuyo fin es conseguir el máximo rendimiento y desarrollo de los cultivos. Sin embargo, en ocasiones, se obtiene este resultado a costa de un uso incorrecto e ilegal de dichos productos perjudicando a la salud de los usuarios y al medio ambiente.
Ante ello, el mercado de los productos fitosanitarios, uno de los más regulados del mundo. Esto se debe principalmente a que un uso indebido, especialmente cuando se trata de sustancias que se han introducido sin autorización o que se aplican en las explotaciones de manera incorrecta, puede provocar graves riesgos tanto para la salud pública como para el medio ambiente.
La presencia de fitosanitarios falsificados o ilícitos, producidos, importados y/o distribuidos, sin las medidas exigidas dentro del mercado europeo, representa una grave amenaza para la sanidad animal y la salud pública, así como para los propios campos de cultivo. Es más, la destrucción de estos productos puede ocasionar daños medioambientales a medio y largo plazo, además de suponer un perjuicio económico para las compañías que se dedican a vender este tipo de producto de manera legal.
Según datos de la Comisión Europea, España forma parte de la lista de los 10 principales países exportadores mundiales de productos agrícolas. Esta posición en el mercado puede causar un impacto muy significativo en el medio ambiente, así como en la salud de las poblaciones y en la seguridad de las mismas, si se emplean sustancias fitosanitarias no autorizadas. Sin embargo, los usuarios y falsificadores de este tipo de productos irregulares aceptan de manera consciente dichos riesgos y peligros sin parecer importarles.
Europol, en el año 2015 y a través del AP COPY de Productos Falsificados, decidió adoptar como parte de las prioridades de lucha contra el crimen organizado en la Unión Europea, la acción operativa OA 4.3, diseñada por la Autoridad de Seguridad Alimentaria de Países Bajos, cuyo fin es el de luchar contra el uso y el tráfico de fitosanitarios falsos y no autorizados. Dicha operación que nació con vocación de continuidad, recibió el nombre de Silver Axe y su objetivo no es otro que luchar contra un fraude que constituye una agresión al mercado europeo, además de una amenaza para la salud y para el medio ambiente.
Las actividades realizadas en el marco de la Operación Silver Axe IV se encuadran dentro del proyecto LIFE ‘Guardianes de la Naturaleza’, financiado por la Unión Europea. En él la Guardia Civil participa como socio del proyecto y el SEPRONA se encarga de realizar acciones operativas encaminadas a la lucha contra la modificación o destrucción del hábitat de especies protegidas.
