Plataforma Profesional. Portal Web y Directorio Impreso de Empresas, Productos y Servicios de Horticultura, Bricojardinería y su Industria Auxiliar.

ENTREVISTA A ESPERANZA ORELLANA, DIRECTORA GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,

El Ministerio de Agricultura ve «positiva» la posible constitución de una interprofesional para el sector de flor y planta

GuíaVerde entrevista a la directora general de Producciones y Mercados Agrarios para hablar sobre las últimas medidas que afectan al sector ornamental

29/03/2022 Autor: GuíaVerde
Esperanza Orellana, directora general de Producciones y Mercados Agrarios

La nueva Ley de la Cadena Alimentaria, la no inclusión de las flores y plantas en la PAC, la nueva estrategia comunitaria para los fertilizantes, la salida de la crisis provocada por la pandemia... El sector ornamental ha vivido en muy poco tiempo una montaña rusa de cambios y emociones. GuíaVerde analiza con Esperanza Orellana, directora general de Producciones y Mercados Agrarios, las últimas decisiones y actuaciones políticas que cuyos efectos ya se sienten en el sector.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha apoyado con ayudas directas y con una campaña de promoción al sector de flor y planta ornamental para superar la crisis derivada de la COVID-19 ¿Cómo valora los resultados de estas acciones?

El sector de la flor cortada y la planta ornamental ha sido uno de los más afectados por el confinamiento derivado de la COVID-19, ya que sus productores vieron muy dificultada su comercialización en el período comprendido entre los meses de marzo y de mayo de 2020. Hay que tener en cuenta que el 70 % de la producción total anual se comercializa en estos meses, debido a la alta demanda para fiestas y celebraciones.

Al mismo tiempo, tanto la flor cortada como la planta ornamental tienen una vida útil muy corta, que hace imposible su almacenamiento para una venta posterior, por lo que la mayoría de los productores se vieron obligados a destruir su producción. Por ello, se propuso la inclusión, por motivos sobrevenidos, de una campaña sobre la flor cortada y la planta ornamental, no prevista inicialmente en el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional aprobado para 2020.

Con esta campaña se quiso transmitir las bondades de las flores y las plantas naturales en nuestro entorno y promocionar e incentivar la compra de estos productos en cualquier momento del año. Los impactos que generó esta iniciativa fueron muy positivos y calaron en la percepción de la necesidad de ayudar y agradecer a este sector los estímulos que generan en las personas y en el ambiente.

La campaña contó con la compra de espacios promocionales en diferentes medios de comunicación, especialmente digitales. Además se puso en marcha una iniciativa de street marketing, en la que se realizaron envíos de flores y plantas a los colectivos afectados por la pandemia, como sanitarios, residencias de ancianos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a personas con especial influencia en los ámbitos del periodismo, el deporte y la cultura.

La creatividad de la campaña giró en torno al mensaje #alegraisnuestravida, con imágenes reales de los colectivos anteriormente mencionados con flores y plantas, imágenes del disfrute de parques y jardines de pueblos y ciudades, y con el mensaje de que las flores y plantas ornamentales mejoran nuestro clima y bienestar.

Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hizo un importante esfuerzo presupuestario para poner en marcha en el año 2020 una línea de ayudas a este sector, dotada con 10,4 millones de euros, que se destinaron a titulares de explotaciones que acreditaron la destrucción de producción durante el estado de alarma.

De igual forma, el sector de flores y plantas se benefició de otras medidas de apoyo de carácter horizontal para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19 mediante la financiación de avales a través del ICO.

Pese a estas destacadas actuaciones, el sector de la flor y planta ornamental no ha sido incluido en las intervenciones sectoriales del Plan Estratégico Nacional presentado por el Ministerio a la Comisión Europea, lo que significa que no podrá beneficiarse de las ayudas previstas para las entidades reconocidas como organizaciones de productores. Como el Plan Estratégico Nacional es revisable cada año, ¿contempla usted que este sector productivo pueda incluirse el próximo año como lo han solicitado expresamente tanto desde FEPEX y la Confederación de Cooperativas como desde las Consejerías de Agricultura de Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Murcia y Canarias?

El reglamento comunitario que establece las normas para la elaboración de los planes estratégicos de la PAC contempla la posibilidad de extender el modelo actual de ayudas, basado en organizaciones de productores y programas operativos, a otros sectores a través de los denominados «programas sectoriales».

El citado reglamento deja la potestad a cada estado miembro para decidir la inclusión de estas intervenciones en su Plan Estratégico nacional. Fruto del análisis realizado y de los debates llevados a cabo entre el ministerio y las comunidades autónomas, se decidió que lo más apropiado era incluir en dicho plan, además de las intervenciones sectoriales para frutas y hortalizas, vino y apicultura, un solo programa adicional para el sector del olivar tradicional.

En todo caso, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación anunció en la Conferencia Sectorial celebrada el pasado 9 de diciembre de 2021 su compromiso de revisar la conveniencia de intervención sectorial para el sector de flor cortada y planta ornamental y/o para el sector del ovino y caprino, en la primera revisión del Plan Estratégico que se haga en el año 2023.

Respecto al plan de ayudas europeo Next Generation, ¿cómo pueden las empresas y agrupaciones profesionales de un sector como el de la flor y planta beneficiarse de este paquete?

Con el fin de paliar los daños económicos y sociales derivados de la pandemia, la Unión Europea acordó un plan de recuperación encaminado a facilitar la respuesta y la salida de la crisis, basado en un paquete de estímulos financieros, denominado fondos «Next Generation», cuyo elemento principal es el «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», que concentra el grueso de los recursos financieros para este fin.

En este marco, España presentó en 2021 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que establece las inversiones y reformas para los años 2021-2023. El ministerio de Agricultura gestiona el componente 3 de este plan para la «Transformación ambiental y digital del sector agroalimentario y pesquero».

La asignación presupuestaria total prevista para inversiones en agricultura de precisión, eficiencia energética y economía circular en el sector agrícola y ganadero es de 307 millones de euros, que incluyen la financiación de programas para la transformación integral y modernización de invernaderos de producción de hortalizas, flor cortada y planta ornamental.

Además de las medidas horizontales articuladas para todo el sector agrícola, el sector de flor cortada y planta ornamental en invernadero puede acogerse a un programa de apoyo específico de Transformación Integral y Modernización de Invernaderos, dotado con 120 millones de euros de financiación. El real decreto por el que se establecen las bases reguladoras a tal efecto fue publicado en noviembre del año pasado, y ahora corresponde a las comunidades autónomas publicar las convocatorias pertinentes, que tendrán que estar en los boletines o diarios oficiales respectivos antes del 2 de mayo.

«El ministro revisará la conveniencia de intervención sectorial para el sector de flor cortada en la primera revisión del Plan Estratégico de la PAC en 2023»

Los objetivos marcados por la Estrategia de la Granja a la mesa de la CE de reducción de un 20% el uso de fertilizantes convencionales y el alcanzar el 25 % de superficie de producción ecológica son ambiciosos. ¿Qué iniciativas y medidas propone la administración española para poder alcanzarlos? 

Desde la publicación de las Estrategias de la Granja a la Mesa y de Biodiversidad, en mayo de 2020, enmarcadas en el Pacto Verde Europeo, las instituciones europeas y los diferentes estados miembros han iniciado un procedimiento para lograr una serie de metas de aquí al año 2030, como la reducción en un 50 % de fitosanitarios (pesticidas de síntesis químicos y de alto riesgo) antimicrobianos y del 50 % del exceso de nutrientes. También se ha fijado el objetivo de que al menos el 25 % de la superficie agraria europea sea ecológica y que al menos el 10 % de la superficie agrícola contenga elementos de paisaje de alta diversidad.

En el ámbito de los fertilizantes, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está tramitando el proyecto de real decreto por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios, que responde al compromiso de avanzar en la fertilización racional de los cultivos. El objetivo es aumentar la productividad de los suelos agrarios a la vez que se disminuye el impacto ambiental de la aplicación de productos fertilizantes y otras fuentes de nutrientes o materia orgánica.

La norma se basa en la necesidad de tener en cuenta todas las actividades que aportan nutrientes, para limitar estos aportes a los estrictamente demandados por los cultivos en el momento, cantidad, forma y lugar adecuados. Con ello se aumentará la eficiencia en el uso de estos nutrientes, disminuyendo la emisión a la atmósfera de amoniaco, así como de gases de efecto invernadero y previniendo la contaminación de aguas por nitratos.

Para ello, se articularán herramientas esenciales como la llevanza de un cuaderno de explotación o la elaboración de un plan de abonado, basado en el cálculo de las necesidades reales de aporte de nutrientes a los cultivos y reforzado a través del asesoramiento técnico. Éste podrá apoyarse en herramientas de cálculo o programas informáticos, como el Farm Sustainability Tool (FaST) incluido en la nueva PAC.

También en este ámbito, dentro del PRTR se incluye un programa de apoyo para la aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero con una dotación de 79 millones de euros.

Esta situación general se completa en el caso de las zonas vulnerables por nitratos con la modificación, también en curso, del real decreto de contaminación difusa, que implicará una caracterización más estricta de las zonas vulnerables. Además, se contemplan otras medidas agroambientales con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) que conllevan limitación del uso de fertilizantes. En el caso de los ecorregímenes, se está valorando la posibilidad de incluir para los cultivos de regadío aspectos relacionados con la gestión sostenible de insumos.

Y en el ámbito de la agricultura ecológica, las intervenciones propuestas en el FEADER por las comunidades autónomas suponen un incremento del 41 % en el presupuesto disponible para ayudas. Ello, unido a la Hoja de ruta para la agricultura ecológica en España y otras medidas en el ámbito de la promoción, supondrá un impulso muy notable para ésta.

¿Se plantea alguna medida para potenciar el desarrollo de insumos tecnológicos como los bioestimulantes y apoyar a las empresas que invierten en el I+D+I de estos productos?

El desarrollo de una tecnología nueva necesita un marco legislativo que permita su puesta en el mercado, como sucede en el caso de los productos fertilizantes, que requieren de mecanismos legales para garantizar su eficacia y seguridad. Desde hace tiempo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es consciente de las posibilidades de los bioestimulantes y ha impulsado una legislación pionera en este campo que ha permitido el desarrollo de una importante industria española.

En ese sentido, ya el Real Decreto 824/2005 incluía por primera vez, en el anexo I, el grupo 4 de Otros abonos y productos especiales, definidos como «productos que aportan a otro material fertilizante, al suelo o a la planta, sustancias para favorecer y regular la absorción de los nutrientes o corregir determinadas anomalías de tipo fisiológico». Es interesante resaltar que la legislación comunitaria no ha incluido a los bioestimulantes en la legislación que regula la puesta en el mercado de los productos fertilizantes hasta el Reglamento (UE) 2019/1009, cuya aplicación está prevista a partir del 16 de julio del presente año, es decir, 17 años después de que empezaran a tener cabida en el mercado español.

Este grupo 4 se mantuvo en el Real Decreto 506/2013, que sustituyó al real decreto anterior, e incluso se han ido aumentando los tipos que se incluían. De hecho, una de las modificaciones más importantes de este anexo se produjo a finales de 2017, cuando se posibilitó el empleo de microorganismos en la elaboración de productos fertilizantes nacionales. El sistema planteado, a través de la inscripción en el Registro de productos fertilizantes, permite evaluar de forma individualizada la eficacia y seguridad de los productos que se inscriben, toda vez que preserva los datos confidenciales del desarrollo del producto. Este último aspecto se valora de forma muy positiva por las empresas, puesto que resulta un incentivo para impulsar la investigación y el desarrollo en este campo, incluso más allá que el planteamiento del mencionado reglamento comunitario.

Consciente de la importancia de la innovación en este sector y de la necesidad de contar con un marco legislativo adecuado, el MAPA ha iniciado una revisión del Real Decreto 506/2013, para mejorar la coherencia entre el éste y el reglamento, abordando, entre otros aspectos, el doble uso de algunas sustancias.

Empresas del ámbito fitosanitario se basan en algunos estudios para indicar que la nueva estrategia europea podría conllevar una reducción de la producción agrícola. ¿Considera que es posible este escenario?

Algunos estudios indican que la nueva estrategia comunitaria podría conllevar una reducción de la producción agrícola. Sin embargo, cualquier conclusión sobre las repercusiones debe tomarse con mucha cautela, ya que representa una evaluación preliminar de su magnitud. Los impactos deben considerarse no definitivos ya que, por ejemplo, no se pueden tener en cuenta los cambios futuros en el comportamiento del consumidor y del funcionamiento de la cadena de valor alimentaria.

En todo caso, hay que tener en cuenta los beneficios que la implementación de las medidas proporcionará a la sociedad, como mejoras en el medio ambiente y las ventajas que una biodiversidad mejorada puede brindar a los rendimientos agrícolas, en cuanto a la calidad de las aguas, la creación de ingresos agrícolas adicionales, creación de puestos de trabajo agrícolas o la reducción de emisiones de CO2.

El sector de la flor y planta ornamental ha sido también incluido en la reciente Ley de la Cadena Alimentaria. ¿Cuáles son para el Ministerio los objetivos más urgentes a lograr con esta ley? ¿Cuándo esperan ver los primeros efectos de esta normativa en el sector?

La finalidad principal de la Ley de la Cadena Alimentaria es la de reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor y dotarlas de mayor transparencia, en el marco de una competencia justa, lo que permitirá aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español.

Para alcanzar dicho objetivo, la ley se basa en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los distintos agentes. Se establece un catálogo de prácticas prohibidas y un sistema sancionador, así como un organismo de control específico, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). Como sistema de autorregulación, la ley dispone el desarrollo de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria. Asimismo, se crea el Observatorio de la Cadena Alimentaria, donde se encuentran representados todos los agentes de la cadena alimentaria.

Entre los principales objetivos y medidas de la reforma de esta ley se encuentra dotar de mayor transparencia en la contratación y en la formación de precios. Para ello, impone la obligatoriedad de formalizar contrato por escrito para todas aquellas transacciones que superen los 1.000 euros. Los contratos deberán ser inscritos en el Registro digital de contratos alimentarios.

También se busca conseguir unos precios justos y transparentes para el sector primario, aumentando su poder de negociación. Los costes de producción se constituyen como la base de la negociación de los contratos escritos. Se pretende evitar la destrucción de valor en la cadena, de tal forma que cada operador debe pagar al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción que haya asumido. Esta prohibición de destrucción de valor en la cadena alimentaria se extiende hasta el último eslabón, los consumidores, ya que se prohíbe la venta desleal, de tal forma que la distribución no podrá vender a pérdidas.

En el sector de flor y planta hay voces a favor y en contra de constituir una interprofesional. ¿Cuál es su opinión a la vista de la experiencia de otras interprofesionales que ya operan en el mercado agroalimentario?

Nuestra opinión en el ministerio, en base a la experiencia adquirida en otros sectores, es muy positiva. Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias constituyen un foro permanente de encuentro y debate entre los distintos agentes de la cadena agroalimentaria, facilitando la generación de valor y su distribución entre los distintos operadores.

Asimismo, estas organizaciones desempeñan una destacada función de interlocución y colaboración del sector que representan con las administraciones públicas. Esta labor de recoger las inquietudes del sector y proponer posibles alternativas o soluciones a los problemas existentes resulta de gran importancia a la hora de definir las líneas de trabajo en materia de política agraria y alimentaria.

En cualquier caso, el éxito de una organización interprofesional está directamente relacionado con el grado de representación y, por tanto, de vertebración de los distintos eslabones que componen el sector. Por lo tanto, corresponde a sus principales actores, a través del diálogo y la colaboración, decidir el grado de compromiso a asumir en el desarrollo de acciones en común, en beneficio de todo el sector, y que contribuyan a mejorar su competitividad.