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Auditores de la UE alertan de los escasos progresos en la reducción del uso de fitosanitarios

Varios Estados miembros se han retrasado en la plena incorporación de la Directiva sobre el uso sostenible de plaguicidas y los incentivos para que los agricultores adopten métodos alternativos son escasos.12/02/2020Sector: Organizaciones y otrosAutor: Phytoma

Según un informe del Tribunal de Cuentas Europeo, los progresos realizados para medir y reducir los riesgos derivados del uso de plaguicidas en la UE son limitados. Varios Estados miembros se han retrasado en la plena incorporación de la Directiva sobre el uso sostenible de plaguicidas y los incentivos para que los agricultores adopten métodos alternativos son escasos. Además, señalan los auditores, la Comisión Europea no puede supervisar con precisión los efectos de los riesgos derivados del uso de fitosanitarios.

 

Los productos fitosanitarios («plaguicidas») se utilizan para proteger los cultivos contra organismos nocivos, plagas y enfermedades. Incluyen insecticidas, fungicidas y herbicidas, que pueden afectar al medio ambiente y plantear riesgos para la salud humana. Desde 1991, la UE ha tenido normas comunes sobre su autorización y uso, y en 2009 aprobó la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas.

 

Los auditores han evaluado si la acción de la UE en la reducción del uso de fitosanitarios en la agricultura ha sido satisfactoria. Varios Estados miembros se retrasaron en incorporar la Directiva sobre el uso sostenible de plaguicidas a la legislación nacional, y en 2012 se iniciaron procedimientos de infracción contra dos de ellos. Los auditores también constataron que la Comisión Europea no había verificado adecuadamente la integridad y la exactitud de la transposición de la Directiva. Por ejemplo, no todos los Estados miembros incorporaron a la legislación nacional el requisito de que los agricultores aplicaran la gestión integrada de plagas. Sin embargo, reconocen los auditores, desde 2016 la Comisión ha tomado más medidas para hacer aplicar la Directiva sobre el uso sostenible de plaguicidas.

 

Junto con la Directiva, se ha hecho obligatoria para los agricultores la gestión integrada de plagas, que supone la utilización de estos productos únicamente cuando la prevención y otros métodos alternativos no funcionen o no sean eficaces. Sin embargo, no existen criterios claros ni requisitos específicos que sirvan para garantizar la aplicación y evaluar el cumplimiento de la Directiva, según el informe del Tribunal de Cuentas Europeo.

 

Respecto a la creación de la categoría de ‘productos fitosanitarios de bajo riesgo’, el informe incide en que hasta la fecha solo se han puesto a disposición dieciséis de las 487 sustancias; es decir, el 3%, lo cual es insuficiente, según los auditores, que también señalan que los agricultores carecen de incentivos para reducir su dependencia de los plaguicidas. En particular, la aplicación de la gestión integrada de plagas no constituye una condición para recibir los pagos de la PAC.

 

“La Comisión Europea, hasta ahora, no ha podido reducir y controlar sustancialmente los riesgos asociados al uso de plaguicidas por los agricultores”, señala Samo Jereb, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe. “La nueva política agrícola común que entrará en vigor en 2021 ofrecía una oportunidad para abordar esta cuestión de manera adecuada, que lamentablemente se ha desaprovechado”.

 

Los auditores observaron que las estadísticas sobre sustancias activas y su utilización publicadas por la Comisión Europea (Eurostat) no eran lo suficientemente detalladas para resultar útiles, y los datos facilitados por los Estados miembros tampoco estaban suficientemente armonizados o actualizados.

 

Por último, aunque algunos Estados miembros han elaborado indicadores nacionales para medir riesgos e impacto, no son comparables en toda la UE. Los intentos iniciales de la Comisión de desarrollar indicadores de la UE no fueron satisfactorios debido a la falta de datos. Los dos primeros indicadores de riesgo a escala europea no se introdujeron hasta noviembre de 2019, diez años después de la aprobación de la Directiva, y ninguno de ellos tiene en cuenta cómo, dónde y cuándo se utilizan los plaguicidas. Por consiguiente, la Comisión todavía carece de una base de pruebas sólida para evaluar si la Directiva ha logrado el objetivo de que el uso de los plaguicidas sea sostenible, concluyen los auditores.

 

Los auditores recomiendan verificar la gestión integrada de plagas en las explotaciones y permitir que ésta se vincule a los pagos en el marco de la nueva PAC, mejorar las estadísticas sobre los productos fitosanitarios y elaborar mejores indicadores de riesgo.