El ministerio de Agricultura pondrá en marcha una nueva línea de ayuda para los agricultores afectados por la DANA que reparen los daños en sus explotaciones con sus propios medios y no esperen a la intervención de la empresa pública Tragsa. Así lo ha anunciado el ministro Luis Planas en su visita a València, donde ha dado una rueda de prensa para dar cuenta de las acciones llevadas a cabo por el Gobierno central para la recuperación del sector primario tras las inundaciones.
Planas ha asegurado que el ministerio ha tomado esta decisión en respuesta a una petición de los propios agricultores para agilizar la recuperación, dado el elevado número de actuaciones individualizadas a realizar -se han valorado daños en 9.141 parcelas agrícolas- y “la amplia y dispersa distribución geográfica de las mismas”.
El ministerio subvencionará los trabajos de reparación que realicen los agricultores con una horquilla que oscila entre 5.500 euros y 9.000 euros por hectárea, en función de la intensidad de los daños en la zona donde se ubique cada parcela. Para ello, el ministerio ha habilitado una partida de 165 millones de euros de los ya presupuestados, de los que 117 corren a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y 48 millones se financiarán con el fondo de reserva de crisis de la Unión Europea asignado a España. El ministro ha enfatizado que este presupuesto “no es un techo”, y que “si hicieran falta fondos suplementarios para reparar todas las parcelas, se aportarán”.
El ministerio pondrá la ayuda a disposición de los agricultores de oficio, sin que tengan que realizar ningún trámite, y éstos tendrán la opción de decidir entre aceptar la ayuda o renunciar a ella y esperar la actuación de Tragsa. La orden ministerial será publicada en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado.
Esta nueva línea incluye también una subvención por el 60% de los daños valorados en viveros y una compensación de 11.800 euros por hectárea para los propietarios de explotaciones fuertemente dañadas próximas a cauces que son susceptibles de convertirse en suelo de dominio público hidráulico, total o parcialmente, y perder, por tanto, su condición de parcela agraria. establecer una compensación para los agricultores afectados.
