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Y lo hace por no acatar la ley comunitaria que establece que los países sólo deben compartir la información sobre los efectos de productos que ya hayan sido probados, para evitar la repetición de experimentos, mientras que España lo hace siempre.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado en contra de España por aplicar de forma incorrecta la normativa comunitaria sobre comercialización de productos fitosanitarios.
Según la denuncia presentada, la ley nacional obligaba a los operadores a compartir los datos sobre los efectos de los productos químicos que no provenían de la experimentación de animales vertebrados mientras que Europa establece que los estados sólo deben compartir la información sobre los efectos que ya hayan sido probados, para evitar la repetición de dichos experimentos.
Por eso, el TJ sentencia que la ley nacional es incompatible con la comunitaria, la cual armoniza las condiciones para la fabricación y distribución de fitosanitarios, precisando qué tipo de información debe ser suministrada por las empresas que solicitan la autorización para sacar un producto al mercado.
La sentencia apunta que España reconoce que la norma no está adaptada pero alega que su actualización se encuentra en una fase avanzada del trámite parlamentario.
En 2006, Bruselas denunció ante el TJ a España con el objetivo de que llevase a acabo las modificaciones necesarias después de que la respuesta nacional no le fuera satisfactoria.
